Cartel que prohibe el acceso a la pista del Águila, en Sierra Nevada. :: ALEJANDRO MOLINA
Al pulso entre la Junta y el Gobierno por la ocupación de 750 metros de la pista del Águila hay que añadir esta mañana un componente más. La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer si Cetursa ha incurrido en un delito contra el medio ambiente. En el decreto, fechado el 12 de enero y hecho público hoy, se solicita informe al Seprona y al director del Parque Nacional de Sierra Nevada.
El diciembre tuvieron entrada en la Fiscalía sendas denuncias. La primera, por parte de la Agrupación Granadina de Naturalistas-Ecologistas en Acción, que alertaba de que supuestamente se había alterado un espacio natural protegido. La segunda de un representante de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM), donde además se apuntaba que la finca presuntamente ocupada era propiedad del Estado. Por su parte, el Seprona, en un informe inicial, considera que los hechos son similares a los que provocaron otra investigación de la Fiscalía en 2009, que terminó archivada.
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